ESTE JUEVES 16 DE OCTUBRE SE EVALUARÁ EL PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA
En los próximos días, el juez César Nilton Mayo Cortez tendrá la responsabilidad de resolver el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra Javier Gallegos y otros implicados en la presunta red criminal “Los Acelerados del Sur”, investigada por delitos de corrupción y tráfico de brevetes en la región Ica.
Proceso judicial
Según la tesis fiscal, la organización criminal habría operado durante la gestión de Gallegos, generando ganancias ilícitas estimadas en S/ 48 millones, mediante la manipulación del sistema de otorgamiento de licencias de conducir y otros negocios irregulares.
Se calcula que la red habría recaudado aproximadamente S/ 2 millones 459 mil mensuales, lo que revela la magnitud de la estructura delictiva y su sostenido flujo económico.
De acuerdo con las investigaciones, Javier Gallegos habría tenido un rol clave dentro del grupo, designando funcionarios en puestos estratégicos para garantizar el flujo de dinero ilícito y proteger a los involucrados.
La red, según la acusación, operaba bajo un sistema piramidal con distintos niveles de mando y responsabilidades, lo que permitió su permanencia y expansión durante varios años.
Frente a las acusaciones, Javier Gallegos se pronunció públicamente asegurando que no tiene vínculos con actos de corrupción y calificó el proceso como una “fabricación” con tintes políticos.
En sus declaraciones, negó haber recibido dinero ilícito o haber favorecido a funcionarios, afirmando que se trata de una nueva denuncia basada en declaraciones “sin fundamento” de colaboradores eficaces.
El exgobernador regional sostuvo que siempre ha actuado con transparencia y que enfrentará la investigación “sin temor ni intención de escapar”.
Finalmente, Gallegos señaló que la difusión del caso busca afectar su imagen política de cara a futuros procesos electorales.
Pese a ello, manifestó confianza en la justicia y aseguró que asistirá personalmente a la audiencia de este jueves, reiterando que “no tiene nada que esconder”.
La decisión del juez Mayo Cortez será determinante no solo para los implicados, sino también como un precedente en la lucha contra la corrupción.
