Es buscado por la policía por cobrar más de S/1’028,040 a municipalidad por trabajos fantasma.
Enzo Vittorio Elguera Echegaray es un rostro conocido de los programas periodísticos en televisión.
Sobre la medida de 18 meses de prisión preventiva en su contra por, presuntamente, cobrar más de un millón de soles a una municipalidad por 44 expedientes técnicos que jamás realizó.
El caso nació de un informe de control específico de la Contraloría General de la República, que detectó pagos irregulares en la gestión municipal de San Andrés.
Con base en ese informe, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ica presentó una denuncia en enero de 2021.
La investigación preliminar se abrió en marzo de 2022 y recién en julio de 2024 pasó a investigación preparatoria.
Hoy el caso ya se encuentra en etapa de acusación fiscal.
Para la Fiscalía de Ica, Elguera Echegaray es el proveedor que habría cobrado S/1’028,040 de la Municipalidad Distrital de San Andrés (Pisco) por servicios que, según la propia comuna, nunca existieron.
El 9 de julio, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco remitió un oficio a la División de Requisitorias y la Policía Judicial de la PNP solicitando la inscripción nacional de la orden de captura contra Elguera, identificado con DNI 43403741.
La medida se sustenta en la resolución dictada un día antes, el 8 de julio, tras una audiencia de prisión preventiva.
De acuerdo con la imputación fiscal, entre febrero y diciembre de 2018 distintos funcionarios de la Municipalidad de San Andrés, incluidos el subgerente de Logística, Francis Mendiola Pecho, y el subgerente de Tesorería, Pedro Díaz Aguilar, firmaron 44 órdenes de servicio a nombre de Elguera para la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos que iban desde infraestructura educativa hasta pavimentación de calles y losas deportivas.
En cada caso, todo el trámite, desde la orden de servicio hasta el pago, se resolvió el mismo día o en cuestión de horas, sin que existiera de por medio un contrato, una descripción del trabajo a realizar ni una constancia de que el servicio se haya cumplido. Los montos por cada expediente van desde S/5,000 hasta S/32,000.
Entre los servicios que Elguera habría cobrado sin ejecutar figuran según fiscalía están, por ejemplo, un estudio para la creación de dos aulas en una institución educativa (S/25,000), un expediente para la instalación de agua y desagüe en el sector Las Flores (S/25,000), la pavimentación de calles en la zona de Abraham Valdelomar (S/13,000) y hasta la elaboración de expedientes técnicos para losas deportivas en distintos centros poblados del distrito, cada uno facturado entre S/20,000 y S/31,000.
La Fiscalía sostiene que Elguera tampoco tenía el perfil para prestar ninguno de esos servicios.
Según consta en la resolución judicial, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informó que no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores durante 2017 y 2018; el Colegio de Ingenieros del Perú indicó que no figura en su orden; y la Sunedu confirmó que no tiene grado ni título en Arquitectura, Ingeniería Civil, Sanitaria, Agrícola, Petrolera, Minera ni carreras afines.
La propia Municipalidad de San Andrés informó, al ser requerida por la Fiscalía, que no encontró en su archivo ningún contrato, expediente técnico ni estudio de preinversión elaborado por él.
Elguera declaró ante la Fiscalía el 18 de diciembre de 2024 y se acogió a su derecho a guardar silencio.
La decisión de enviarlo a prisión se tomó en una audiencia realizada el 8 de julio. Ahí, la defensa de Elguera argumentó que tiene domicilio conocido en Miraflores, un trabajo estable y un hijo menor, lo que descartaría cualquier intento de fuga.
El juez Percy Cortez Ortega, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, le reconoció el domicilio y el trabajo, pero rechazó el argumento familiar porque no presentó la partida de nacimiento del menor.
Con eso, concluyó que Elguera no tiene arraigo suficiente en el país y que, al sumar los 44 hechos que se le atribuyen, la pena que podría recibir hasta 16 años de cárcel hace más probable que intente evadir la justicia.
