La Contraloría General de la República puso bajo la lupa a la Municipalidad Distrital de Humay (Pisco, Ica) tras detectar que la asignación presupuestal para la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) apenas alcanza el 0,35 % de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), cuando la ley exige un mínimo de 0,5 %.
📌 El hallazgo El informe advierte que esta reducción limita la capacidad operativa de la OMAPED para cumplir funciones clave como el registro de personas con discapacidad, la orientación para acceder a beneficios sociales y la articulación con programas nacionales.
En consecuencia, se pone en riesgo el acceso de cientos de ciudadanos a la pensión del Programa CONTIGO, el pase libre en transporte público y las becas de estudio de PRONABEC.
Posibles sanciones
- El incumplimiento de la Ley N.º 32139, que obliga a destinar al menos el 0,5 % del presupuesto, podría derivar en responsabilidad administrativa y funcional para los titulares de la entidad.
- La Contraloría advierte que la omisión afecta directamente derechos fundamentales reconocidos en la Ley General de la Persona con Discapacidad (N.º 29973).
- De persistir la negligencia, el caso podría escalar a acciones de control posterior y hasta denuncias por afectación de derechos sociales.
Mientras en los discursos se habla de inclusión y apoyo a los más vulnerables, en Humay la OMAPED apenas recibe “migajas” presupuestales.
La Contraloría ya levantó la bandera roja: si la municipalidad no corrige el rumbo, los responsables podrían terminar respondiendo ante la justicia y la opinión pública.
