La Contraloría General de la República encendió las alarmas en la Dirección Regional de Educación de Ica tras confirmar que una docente con sentencia condenatoria por delito doloso continúa ejerciendo como directora de una institución educativa, pese a que la normativa vigente ordena su destitución automática.
El caso
- Se trata de Maritza Vera Espinoza, docente nombrada bajo la Ley de Reforma Magisterial, quien fue condenada en 2023 por el delito de concusión en agravio del Estado.
- La sentencia fue confirmada en 2024 por la Corte Superior de Justicia de Ica, imponiéndole dos años de pena suspendida.
- A pesar de ello, desde marzo de 2024 asumió el cargo de directora, con designación vigente hasta 2028.
Lo que dice la ley
- El artículo 49 de la Ley N.º 29944 establece que un docente condenado por delito doloso debe ser destituido.
- El reglamento (D.S. N.º 004-2013-ED) precisa que la destitución es automática, sin necesidad de proceso administrativo.
- Además, el Decreto Legislativo N.º 1295 impide que personas con condena penal ejecutoriada presten servicios al Estado.
Mientras la norma es clara y tajante, en la práctica la directora sigue en funciones como si nada hubiera pasado. La Contraloría ya notificó la situación adversa y dio cinco días hábiles a la Dirección Regional de Educación de Ica para informar qué medidas correctivas adoptará.
Posibles sanciones
- De confirmarse la omisión, la entidad podría enfrentar responsabilidad administrativa por incumplir la Ley de Reforma Magisterial.
- La funcionaria, por su parte, quedaría expuesta a destitución inmediata e inhabilitación nacional para ejercer cualquier cargo público docente.
Una directora con sentencia penal sigue al mando de un colegio en Ica, pese a que la ley ordena su destitución automática. La Contraloría ya puso el reflector… ahora toca que Educación actúe antes de que el escándalo se convierta en vergüenza institucional.
