En la provincia de Pisco, un hecho ha encendido la polémica: una maestra de un Centro de Educación Básica Especial (CEBE) habría agredido a un estudiante con discapacidad. La denuncia, difundida por padres de familia, ha generado un debate que involucra directamente a la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) y a la UGEL Pisco, responsables de garantizar la integridad y el correcto funcionamiento de las instituciones educativas.
La exigencia de los docentes
- Los maestros piden la instalación de cámaras en las aulas, con acceso directo para los padres, a fin de que puedan observar el comportamiento de sus hijos y el trato recibido.
- Señalan que no solo existen casos de agresión hacia estudiantes, sino también situaciones en las que los propios docentes son agredidos por alumnos con necesidades especiales, lo cual debería quedar registrado para evitar sanciones injustas.
- Los docentes del CEBE deben ser de la EBE, y no de la EBR
Aspecto legal
- La Ley General de Educación (N.º 28044) establece que el Estado debe garantizar un entorno seguro y respetuoso en los centros educativos.
- La Ley de Reforma Magisterial (N.º 29944) señala que los docentes pueden ser suspendidos o destituidos de manera preventiva ante denuncias graves, pero también reconoce el derecho a la defensa y al debido proceso.
- La Ley General de la Persona con Discapacidad (N.º 29973) obliga a las instituciones educativas a brindar un trato digno, inclusivo y libre de discriminación a los estudiantes con discapacidad.
- En este escenario, tanto la DREI como la UGEL Pisco tienen la obligación de investigar con imparcialidad, garantizando la protección de los estudiantes y la defensa de los docentes.
Es fácil suspender a un maestro y dejarlo sin trabajo mientras duran las investigaciones, pero ¿qué pasa con el estudiante agresor? El debate está servido: ¿se protege solo al alumno o también al docente que enfrenta situaciones de violencia? Los padres exigen transparencia y los maestros claman por justicia.
Posibles medidas
- La instalación de cámaras en las aulas podría convertirse en una herramienta de control y evidencia objetiva, evitando sanciones arbitrarias.
- La DREI y la UGEL Pisco deberán pronunciarse y tomar acciones inmediatas, pues la omisión podría derivar en responsabilidad administrativa y cuestionamientos por incumplimiento de la normativa educativa.
la polémica en Pisco expone un vacío en la protección tanto de estudiantes como de docentes en los CEBE.
La educación inclusiva exige respeto, pero también reglas claras y mecanismos de control que garanticen justicia para todos.
