Fecha de actualización: 12 de octubre de 2025
La fiscalía provincial Mixta de Parinacochas logró que se dicte siete meses de prisión preventiva contra Pedro Antayhua (64), docente investigado por el presunto delito de violación sexual de menor de edad. El caso ha conmocionado a la comunidad educativa de Coracora, en la región Ayacucho, y ha encendido las alertas sobre la protección de niñas y adolescentes en entornos escolares.
Una denuncia que reveló una pesadilla
El 16 de julio de 2025, la Fiscal Adjunta Provincial Jakeline Eros López acudió a una institución educativa del distrito de Coracora, tras recibir una alerta de la directora del plantel. La funcionaria tomó conocimiento de que una alumna de 12 años asistía a clases con 28 semanas de gestación.
La menor fue trasladada a un centro de salud, donde se confirmó su estado avanzado de embarazo.
Inicialmente, la víctima no brindó detalles sobre el autor del hecho ni reconocía su situación. Sin embargo, bajo medidas de protección y acompañada por su padre, posteriormente confesó haber sido víctima de violación sexual en tres ocasiones por parte de su profesor: dos veces dentro del colegio y una en el domicilio del investigado.
Manipulación y abuso de poder
Durante la entrevista en cámara Gesell, la menor relató que el docente le ofreció un celular que nunca le entregó y sumas de dinero de diez soles en diversas ocasiones, como parte de una estrategia de manipulación. La investigación determinó que estos actos constituyen un grave abuso de poder y vulneración de derechos.
Como consecuencia de los abusos, la menor dio a luz y fue sometida a una evaluación psicológica que confirmó el impacto emocional y psicológico que padece.
Reacciones y contexto
Este caso se suma a una creciente preocupación por la seguridad de menores en espacios educativos. Diversas organizaciones han reiterado la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención, denuncia y atención integral a víctimas de violencia sexual.
La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar justicia. El Ministerio Público ha reafirmado su compromiso con la protección de la niñez y la sanción ejemplar a quienes vulneren sus derechos.
Reflexión y llamado a la acción
Este hecho no solo exige justicia, sino también una profunda reflexión sobre el rol de las instituciones educativas en la prevención de abusos. La comunidad, las autoridades y los medios deben trabajar unidos para erradicar cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La protección de la infancia no puede esperar. Cada caso atendido con firmeza es un paso hacia una sociedad más segura y justa.
Redacción: Ángel Vásquez
Fuente: Prensa Digital Pisco
