El órgano de control interno atribuye al fiscal faltas muy graves y señala deficiencias en la acusación anulada por el Tribunal Constitucional. Rafael Vela denuncia presiones políticas
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario por 60 días hábiles contra el fiscal Jose Domingo Pérez Gómez miembro del Equipo Especial Lava Jato, por su desempeño en la investigación del caso cocteles, cuyo juicio fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC).
La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 05-2025-ANC-MP-UPD-ADC-Lima Centro, emitida el 10 de octubre, tras una queja iniciada de oficio a raíz de una publicación periodística que daba cuenta de la nulidad del juicio contra Keiko Fujimori.
Presuntas faltas muy graves
Según el documento, la ANC atribuye al fiscal Pérez “haber incumplido su deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad”, lo que constituye una falta muy grave conforme al artículo 46 del Código de Ética del Ministerio Público y al artículo 50 de la Ley de la Carrera Fiscal.
De acuerdo con la resolución, el fiscal habría incurrido en errores de forma y de fondo al presentar la acusación del caso Cócteles, generando múltiples observaciones judiciales que derivaron en su anulación.
“El hecho de que el fiscal haya requerido diecinueve subsanaciones de la acusación por errores de forma y fondo evidencia que la acusación no fue razonable ni coherente, lo que pone en duda la legalidad de todo el proceso”, señala el informe 473-2025 de la Unidad de Investigación Preliminar de Quejas.
La ANC sostiene además que estas deficiencias “perjudicaron el desarrollo del proceso y afectaron la imagen institucional del Ministerio Público”, lo que justifica la apertura del procedimiento disciplinario.
Plazos y posibles sanciones
El proceso tendrá una duración de 60 días hábiles, durante los cuales se solicitará un informe de descargo al fiscal José Domingo Pérez, que deberá presentarse en un plazo de cinco días hábiles tras su notificación.
De comprobarse la falta, la sanción podría ir desde una suspensión de entre cuatro y seis meses hasta la destitución del cargo, de acuerdo con la Ley de la Carrera Fiscal.
El fallo del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional anuló el juicio oral del caso Cócteles al considerar que la acusación del Ministerio Público carecía de sustento jurídico suficiente y vulneraba el derecho de defensa de los investigados, entre ellos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El fallo también benefició al exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y generó un nuevo punto de tensión entre el TC y el Equipo Especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Rafael Vela rechaza proceso
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, consideró que la apertura del proceso disciplinario contra su colega “podría formar parte de una serie de represalias” anunciadas por Fuerza Popular tras la sentencia del TC.
“Queremos pensar que esto puede ser una coincidencia con los acontecimientos recientes, pero se condice con lo dicho por la señora Fujimori sobre posibles represalias que buscan afectar la autonomía fiscal”, declaró Vela a RPP.
El fiscal también recordó que tanto él como Pérez han sido suspendidos anteriormente por la ANC, y que ambos recuperaron sus cargos mediante demandas constitucionales.
“Esto demuestra cómo se irrespeta la autonomía de los fiscales. En lugar de respaldar el trabajo del Equipo Especial, se nos somete a procesos disciplinarios en medio de ataques políticos”, afirmó.
Sin respaldo institucional
Vela también cuestionó la falta de pronunciamiento del fiscal de la nación interino, Tomas Gálvez, a quien acusó de no expresar respaldo al Equipo Especial pese a la situación crítica generada tras la decisión del TC.
“En estos momentos en donde el sistema de justicia está bajo ataque, esperábamos un pronunciamiento que respalde la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, lo que encontramos es silencio y procedimientos disciplinarios”, señaló.
El caso
El caso Cócteles investiga el presunto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, mediante aportes no declarados provenientes de empresas vinculadas a Odebrecht.
Pérez y el Equipo Especial Lava Jato formularon acusación por presunto lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, imputaciones que ahora quedaron sin efecto tras la resolución del TC.
