Lima, 18 de noviembre de 2025 — El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, ordenó el embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble vinculado a la suspendida congresista María Cordero Jon Tay, como parte del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
La medida fue adoptada tras declararse fundada la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado el pasado 16 de septiembre, y tiene como finalidad asegurar una eventual reparación civil en caso de que la parlamentaria sea hallada responsable penalmente.
I. ANTECEDENTES DEL CASO
María Cordero Jon Tay, congresista electa por Lima y actualmente suspendida por el Congreso de la República, es investigada por la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber exigido a un trabajador de su despacho congresal la entrega del 50% de su salario mensual entre marzo y agosto de 2022. Este hecho fue denunciado públicamente y respaldado por audios difundidos en medios de comunicación, lo que motivó la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público.
El presunto recorte de sueldos —conocido mediáticamente como el caso “mochasueldos”— constituye una modalidad del delito de concusión, tipificado en el Código Penal como el acto mediante el cual un funcionario público exige, directa o indirectamente, un beneficio económico indebido aprovechando su cargo.
II. DETALLES DEL EMBARGO
La resolución judicial dispone el embargo en forma de inscripción por un monto de S/200,000 sobre las acciones y derechos que le corresponden a la congresista suspendida sobre un inmueble ubicado en la provincia de Barranca, en la región Lima Provincias. Esta medida cautelar busca garantizar el cumplimiento de una eventual reparación civil a favor del Estado.
El embargo fue inscrito en los Registros Públicos y notificado a las partes involucradas. La Procuraduría General del Estado ha señalado que continuará solicitando medidas similares en casos donde se investigue el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios.
III. IMPLICANCIAS LEGALES Y POLÍTICAS
La medida judicial representa un paso significativo en el proceso penal contra Cordero Jon Tay, quien ya fue suspendida por el Pleno del Congreso en 2024 tras conocerse los indicios de su presunta conducta ilícita. La suspensión fue aprobada por amplia mayoría, en aplicación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, que permite apartar temporalmente a un parlamentario cuando enfrenta una investigación penal grave.
De confirmarse los cargos, la congresista podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, el caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos más eficaces de control y sanción frente a prácticas de corrupción dentro del Parlamento.
IV. REACCIONES Y PRÓXIMAS DILIGENCIAS
Hasta el momento, la defensa legal de María Cordero no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida judicial. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno de la congresista han señalado que se evaluará la presentación de un recurso de apelación.
Por su parte, la Fiscalía ha programado nuevas diligencias, incluyendo la toma de declaraciones a testigos y la revisión de documentación financiera del despacho congresal. También se ha solicitado al Congreso información sobre los contratos y pagos realizados al trabajador afectado durante el periodo investigado.
V. CONTEXTO Y REPERCUSIONES
El caso de María Cordero se suma a una serie de investigaciones por presuntos recortes de sueldos en el Congreso, lo que ha generado preocupación en la opinión pública y ha motivado iniciativas legislativas para sancionar con mayor severidad este tipo de prácticas. Organizaciones de la sociedad civil han exigido mayor transparencia en la gestión de recursos humanos en el Parlamento y la implementación de canales seguros para denuncias internas.
