La gestión pública resulta determinante, ya que permite que los proyectos se ejecuten de manera oportuna para responder a las necesidades de los pescadores.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, según datos del
Ministerio de la Producción, en 2024 y 2025 el desembarque pesquero en el puerto
artesanal de San Andrés apenas superó las 12 mil toneladas por año, los niveles más bajos registrados en los últimos 13 años.
Esta caída coincide con la preocupación de los pescadores por el deterioro del terminal pesquero, cuya infraestructura presenta grietas, hundimientos y signos de debilitamiento en su base.
Durante varios años, San Andrés fue uno de los principales puntos de desembarque de Ica.
Entre 2013 y 2019, el volumen de pesca superaba en promedio las 25 mil toneladas
anuales. Incluso, en 2015 fue el principal puerto de pesca de bonito a nivel nacional y en 2018 se ubicó como el segundo desembarcadero más importante de Ica, por detrás de Tambo de Mora, donde se concentra principalmente la pesca de anchoveta.
“San Andrés cumple un rol importante dentro de la pesca artesanal de la región.
La actividad que se realiza en este terminal genera ingresos para los pescadores y también impulsa otros negocios como los puestos en el mercado y los restaurantes que dependen del abastecimiento diario de pescado fresco”, explicó Franco Saito, economista de REDES.
Uno de los recursos más abundantes en este puerto es el bonito.
En 2025, esta especie representó cerca del 60% del total desembarcado en San Andrés, con más de 7 mil toneladas. Se trata de uno de los pescados más consumidos por las familias peruanas, por lo que la actividad del terminal también contribuye a la alimentación de la región.
Sin embargo, el economista advierte que las dificultades en la infraestructura pueden estar afectando el funcionamiento del terminal. “Un puerto con deterioro o limitaciones operativas genera retrasos en el desembarque, pérdidas de producto y mayores riesgos para quienes trabajan allí.
Todo esto termina afectando la productividad de la actividad pesquera”, señaló.
En los últimos nueve años el Estado ha invertido alrededor de S/7 millones en el puerto de San Andrés.
En comparación, el puerto de San Juan de Marcona ha recibido más de S/30
millones como parte de un proyecto de mayor escala para modernizar su desembarcadero pesquero artesanal.
Justamente, en ese mismo periodo, este terminal ubicado en la provincia de Nazca ha incrementado su producción en la pesca regional.
Para Saito, el caso de Marcona muestra cómo la inversión pública en infraestructura
pesquera y la gestión de esos recursos pueden influir directamente en una actividad que genera empleo e ingresos para muchas familias de la región.
En ese sentido, el economista de REDES subrayó que la gestión pública resulta
determinante para mejorar las condiciones del sector pesquero.
Señaló que se requiere intervenir la infraestructura del desembarcadero, priorizando mejoras en la plataforma de
Sobre la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES):
Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) es una asociación civil sin fines de lucro que contribuye a la generación y difusión de evidencia para las políticas públicas y la construcción de ciudadanía.
Su agenda de trabajo está centrada en la investigación e iniciativas relacionadas con el desarrollo del país y la consolidación de sus instituciones, en los campos económico, político y social.
desembarque, las áreas de conservación y las condiciones de seguridad para los
pescadores. También destacó la necesidad de avanzar en la formalización del sector, considerando que en Ica el 93% de pescadores opera en la informalidad. Para ello, añadió, es necesario asignar mayores recursos a la infraestructura pesquera y asegurar una ejecución oportuna y de calidad de los proyectos.
“El rol del Estado es asegurar una adecuada gestión de la infraestructura y de los recursos públicos vinculados al sector pesquero, de modo que se generen condiciones que permitan el desarrollo de esta actividad.
Las decisiones sobre inversión, mantenimiento de infraestructura y formalización no solo implican asignar recursos, sino gestionarlos de manera eficiente y con criterios técnicos.
De ello depende que estas intervenciones se traduzcan en mayores niveles de productividad, más empleo y mejores oportunidades para las familias vinculadas a la pesca en la región”, finalizó Saito.
