Lima, noviembre de 2025 El expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que asumirá la jefatura de campaña del partido Perú Primero, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara improcedente su postulación a la primera vicepresidencia para las elecciones generales de 2026.
La decisión se basa en la inhabilitación vigente que le impide ejercer cargos públicos, dictada por el Congreso de la República en 2021.
Vizcarra calificó la resolución como “arbitraria” y reiteró que continuará participando activamente en la vida política del país.
“No me voy a esconder, no me voy a asilar en ninguna embajada.
Voy a estar presente en cada etapa del proceso judicial y en cada paso de esta campaña”, declaró en conferencia de prensa.
La nueva fórmula presidencial de Perú Primero estará encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, quien fue inscrito como candidato presidencial tras la exclusión de Martín.
El partido ha reafirmado su compromiso con una campaña “descentralizada, técnica y con enfoque ciudadano”.
Juicio por presunta corrupción entra a etapa final
En paralelo, el expresidente enfrenta la etapa final del juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde se le acusa de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión, 9 años de inhabilitación y el pago de una reparación civil, al considerar que Vizcarra habría favorecido a empresas constructoras a cambio de pagos ilícitos.
El juicio, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, se encuentra en la fase de alegatos finales. La lectura de sentencia está prevista para las próximas semanas. Vizcarra ha reiterado su inocencia y asegura que demostrará que las acusaciones carecen de sustento.
La exclusión de Vizcarra de la contienda electoral reconfigura el panorama de Perú Primero, que ahora deberá afrontar la campaña sin su figura más visible en la boleta.
No obstante, su presencia como jefe de campaña podría mantener su influencia en el electorado, especialmente en el sur del país, donde conserva respaldo.
El caso también marca un precedente sobre la aplicación de sanciones políticas y judiciales a exautoridades, en un contexto de creciente escrutinio sobre la corrupción en la gestión pública.
