Carlos Álvarez, candidato presidencial del partido País para Todos para las Elecciones 2026, quedó bajo observación pública tras conocerse que habría omitido consignar una condena judicial en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHD) presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La revelación encendió alertas en el sistema electoral, porque la normativa considera esta omisión como una falta grave que puede derivar en la exclusión del proceso.
Un reportaje del programa ‘Beto a Saber’ expuso el expediente judicial que el exhumorista no registró en el apartado número cinco de su hoja de vida, el referido a la ‘Relación de sentencias’.
En ese espacio, Álvarez marcó la opción ‘No’, pese a que un otoño del año 2002 lo condenó por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
De acuerdo con el informe, el Expediente N.º 31 de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a Carlos Gonzalo Álvarez Loayza a cuatro años de pena privativa de libertad como cómplice del delito contra la administración pública.
El colegiado adoptó la decisión por mayoría y, posteriormente, modificó la sanción a tres años de prisión suspendida. La resolución se enmarcó en las investigaciones anticorrupción vinculadas al régimen de Alberto Fujimori y al accionar de su oscuro asesor Vladimiro Montesinos.
El fallo judicial concluyó que Álvarez recibió dinero de Montesinos entre 1999 y el 2000, a través de terceros, por colaborar con la campaña de reelección del entonces presidente cuando laboraba en Canal 7.
La imputación detalló pagos de entre 2,000 y 3,000 dólares en cinco o seis oportunidades, además de beneficios como resguardo policial. La Fiscalía sostuvo que el régimen utilizó recursos del Estado para atacar a figuras de la oposición mediante espacios televisivos.
Consultado por el reportero del programa sobre la omisión, Álvarez evitó dar explicaciones. «Eso lo contestaré más adelante. Vamos a… en este momento porque estamos en un tema privado», respondió.
Luego reiteró que la Corte Suprema lo absolvió, aunque el reportaje afirmó que no existe registro de una absolución firme que borre la condena.
Caso Carlos Álvarez: qué dice JNE sobre omitir sentencias
El marco electoral obliga a todos los postulantes a declarar sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Para el JNE, ocultar una condena en la hoja de vida constituye una infracción grave.
En estos casos, el Jurado Electoral Especial puede iniciar un procedimiento de exclusión si la fiscalización detecta la omisión dentro de los plazos legales.
Una funcionaria del sistema electoral citada en el reportaje precisó que este tipo de conducta califica como causal directa de retiro de la candidatura.
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La ley permite aplicar la exclusión hasta 30 días antes del día de la elección. Después de ese plazo, el JNE ya no puede sacar al candidato de la contienda por esta causa, pero sí puede remitir el caso al Ministerio Público para que evalúe responsabilidades.
El sistema de fiscalización cruza la información de las hojas de vida con bases de datos del Poder Judicial y otras entidades.
Si los registros confirman la existencia de una sentencia no declarada, el Jurado Electoral Especial abre un proceso, escucha descargas y emite una resolución que puede terminar en la salida del candidato.
Más omisiones bajo la lupa
La controversia no se limita al ámbito judicial. El informe televisivo también señaló que Álvarez omitió declarar un vehículo Mazda CX-90 del año 2025, valorizado en aproximadamente 160,000 soles, propiedad de su empresa Producciones Carlos Álvarez EIRL. En su declaración, el candidato solo remitió un automóvil Porsche del año 2013.
Estos antecedentes colocan al aspirante de País para Todos en una situación similar a otros postulantes observados por el sistema electoral.
Mario Vizcarra enfrenta cuestionamientos pese a declarar una sentencia por corrupción, debido a la gravedad del delito. El JNE está por definir su futuro político.
Alfonso López-Chau, exrector de la UNI, afronta reparaciones por no consignar un período en el que estuvo privado de su libertad durante el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado.
El caso de Carlos Álvarez introduce un nuevo foco de tensión en la carrera hacia las elecciones 2026. La omisión de una condena por peculado no solo abriría un flanco legal, sino que golpearía el discurso ético de una candidatura que busca capitalizar el descontento ciudadano con la política tradicional.
La decisión ahora recae en los órganos electorales, que deberán determinar si la falta amerita la sanción más severa: dejarlo fuera de la competencia presidencial.
