El implicado, Daniel Luza Amésquita, se desempeñaba en el Área de Participación Ciudadana del Congreso y fue identificado operando el equipo audiovisual en plena actividad partidaria.
La cámara en cuestión tenía un sticker amarillo visible con código de inventario, lo que permitió confirmar que pertenecía al Congreso. El hecho fue denunciado públicamente y generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campañas políticas.
Ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, Luza presentó un descargo en el que sostuvo que el uso del equipo fue un error involuntario.
Alegó que confundió la cámara institucional con su equipo personal debido a que ambos son de la misma marca y modelo, y comparten un estuche similar.
Atribuyó la confusión al cansancio acumulado y a la rutina de su trabajo audiovisual.
En su declaración, Luza aseguró que no tuvo intención de emplear recursos públicos en actividades privadas o partidarias, y ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.
También indicó que ya no forma parte del Congreso.
El Congreso no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero fuentes legislativas confirmaron que Luza fue separado de su cargo tras conocerse el incidente.
Por su parte, voceros de Fuerza Popular negaron haber solicitado el uso de equipos estatales y aseguraron que el evento fue organizado con recursos propios.
El caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización del uso de bienes públicos en contextos electorales.
Diversas voces han exigido mayor control institucional y sanciones ejemplares para evitar que se repitan situaciones similares.
El JEE continúa evaluando el caso y no se descarta que derive en una investigación más amplia sobre posibles responsabilidades administrativas o infracciones a la normativa electoral.
El incidente ocurre en un momento clave de la campaña de Keiko Fujimori, quien ha retomado actividades proselitistas en diversas regiones del país.
Aunque el hecho no la involucra directamente, ha generado críticas sobre la transparencia en el uso de recursos estatales.
