En una sesión cargada de tensión, discursos encendidos y cálculos políticos, el Pleno del Congreso de la República del Perú rechazó este miércoles la propuesta de inhabilitar por diez años para el ejercicio de la función pública a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La votación, que requería una mayoría calificada de 66 votos, obtuvo solo 63 a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, frustrando así la sanción constitucional.
La decisión ha generado un intenso debate en el escenario político nacional, no solo por el fondo del caso, sino también por sus implicancias jurídicas, institucionales y electorales. Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión, pero mantiene intacta su habilitación para postular a cargos públicos, incluyendo una eventual candidatura al Senado en las elecciones generales de 2026.
I. El caso Chávez: antecedentes y acusación constitucional
Betssy Chávez fue una de las figuras más visibles del último tramo del gobierno de Pedro Castillo. Como presidenta del Consejo de Ministros, estuvo presente en Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue calificado por amplios sectores como un intento de golpe de Estado.
La Fiscalía de la Nación y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso iniciaron investigaciones contra Chávez por su presunta participación activa en estos hechos.
En junio de 2023, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 351, que recomendaba acusarla por infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, así como por el presunto delito de rebelión.
El informe fue sustentado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), quien afirmó que Chávez “tuvo conocimiento y participación directa en la ruptura del orden constitucional” y que “no actuó como una funcionaria pública comprometida con la democracia, sino como cómplice de un intento autoritario”.
II. La votación en el Pleno: divisiones, ausencias y estrategia
La sesión del Pleno del miércoles 19 de noviembre fue seguida con atención por la opinión pública. La expectativa era alta, ya que la inhabilitación requería 66 votos afirmativos, es decir, dos tercios del número legal de congresistas.
Sin embargo, el resultado final fue insuficiente: 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones.
Diversas bancadas votaron divididas. Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País respaldaron la inhabilitación, mientras que Perú Libre, Cambio Democrático y algunos miembros de Acción Popular votaron en contra o se abstuvieron.
La ausencia de cinco congresistas también influyó en el desenlace.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) calificó el resultado como “una vergüenza institucional” y anunció la presentación inmediata de una moción de reconsideración. “No podemos permitir que una persona que participó en un intento de golpe de Estado quede impune y pueda postular nuevamente”, declaró.
Por su parte, voceros de Perú Libre y Cambio Democrático defendieron su voto en contra, argumentando que no existen pruebas concluyentes de que Chávez haya coordinado o impulsado el mensaje golpista de Castillo. “No se puede criminalizar la presencia física en Palacio”, sostuvo la congresista Ruth Luque.
III. Reacciones y consecuencias políticas
La decisión del Congreso ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político y jurídico.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte evitó pronunciarse directamente, aunque fuentes de Palacio señalaron que “se respeta la autonomía del Parlamento, pero preocupa el mensaje que se envía a la ciudadanía”.
En el ámbito judicial, la Fiscalía continúa con el proceso penal contra Chávez por el presunto delito de rebelión.
La ex primera ministra permanece en calidad de asilada en la Embajada de México desde marzo de 2024, tras solicitar protección diplomática alegando persecución política.
El gobierno mexicano aún no ha concedido el salvoconducto para su salida del país, lo que mantiene en vilo su situación legal.
En el plano electoral, la no inhabilitación permite a Chávez postular a cargos públicos en 2026.
Según fuentes cercanas a su entorno político, se evalúa su candidatura al Senado por una alianza de izquierda.
Esta posibilidad ha encendido las alarmas en sectores conservadores, que consideran que su eventual retorno al Congreso sería “una afrenta a la democracia”.
IV. ¿Qué sigue?: reconsideración, proceso penal y elecciones
La moción de reconsideración presentada por el congresista Eduardo Castillo (Fuerza Popular) podría ser debatida en la próxima sesión del Pleno.
Si se aprueba, se abriría la posibilidad de una nueva votación sobre la inhabilitación. Sin embargo, las bancadas aún no logran consensuar una posición unificada.
En paralelo, el proceso judicial contra Chávez sigue su curso.
La Corte Suprema debe resolver en las próximas semanas si se admite la acusación fiscal por rebelión y conspiración.
De ser hallada culpable, Chávez podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, lo que anularía cualquier aspiración política.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política de los altos funcionarios en situaciones de quiebre institucional.
Organismos como Proética y la Defensoría del Pueblo han exhortado al Congreso a actuar con responsabilidad y coherencia frente a hechos que comprometen el orden democrático.
V. Conclusión
El rechazo a la inhabilitación de Betssy Chávez representa un hito en la compleja relación entre el Congreso, el sistema de justicia y la opinión pública.
Más allá del resultado numérico, el caso refleja las tensiones internas del Parlamento, la fragilidad de los consensos políticos y la persistente polarización que atraviesa al país desde la crisis de 2022.
Con la posibilidad de una nueva votación en el horizonte, y con un proceso judicial aún abierto, el futuro político de Betssy Chávez sigue siendo incierto.
Lo que sí es claro es que su figura continuará siendo un símbolo de controversia en el escenario nacional.
