El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha,
a cargo del fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, consiguió en
primera instancia cadena perpetua contra Jerry Cisto Fernández Pachas, tras acreditar
su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación sexual de menor de edad,
delito de ofensas al pudor público de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con
fines sexuales, y el delito contra la dignidad humana – trata de personas – explotación-
en la modalidad de cliente del adolescente, en agravio de dos menores de 13 y 14 años.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2024,
cuando el sentenciado fue sorprendido en flagrancia por personal policial junto a las
menores agraviadas en una habitación del hospedaje “Los Portales”, ubicado en el
distrito de Grocio Prado, donde había sostenido relaciones sexuales con las víctimas.
Las menores declararon que el sujeto les había ofrecido dinero a cambio de acceder a
dichos actos.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Norte – Chincha impuso la
máxima sanción de cadena perpetua y dispuso el pago de S/ 15 000 y S/ 20 000 por
concepto de reparación civil a favor de cada una de las menores agraviadas.
Durante el juicio oral, el fiscal Alejandro Santiago Almeida Donaire sustentó la acusación
y presentó diversos medios probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad del
procesado, entre ellos: la prueba anticipada consistente en las declaraciones de las
víctimas, los informes médico-legales que confirmaron la afectación a su integridad
sexual, así como declaraciones de testigos referenciales y otros elementos de
convicción.
Cabe precisar que el delito de violación sexual de menor de edad está sancionado con
pena de cadena perpetua, conforme al artículo 173° del Código Penal. En tanto, el delito
de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales contempla penas de
seis a nueve años de prisión (artículo 183-B), y el delito de cliente del adolescente, de
quince a veinte años (artículo 129-J del Código Penal).
La sentencia representa un importante resultado en la lucha contra la violencia sexual y
la explotación de menores, reafirmando el compromiso del Ministerio Público – Distrito
Fiscal de Ica en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
