La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se encuentra asilada en la embajada de México en Lima desde hace varias semanas, tras solicitar protección política alegando ser víctima de persecución judicial por su rol en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum, aceptó el pedido de asilo amparándose en principios humanitarios y el derecho internacional.
Esta decisión provocó una fuerte reacción del gobierno peruano, encabezado por el presidente José Jerí, quien anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, acusando una injerencia en asuntos internos del país.
El canciller peruano, Hugo de Zela, confirmó que Chávez se ausentó de las últimas cuatro audiencias judiciales y enfrenta cargos por rebelión y conspiración, además de una posible inhabilitación política por diez años. A pesar del asilo, el Poder Judicial ha decidido continuar con el proceso en su contra, sin suspender el juicio ni declarar su contumacia.
El presidente Jerí informó que este viernes 7 de noviembre se definirá si se concede el salvoconducto solicitado por la embajada mexicana para que Chávez pueda salir del país.
La Cancillería emitirá una recomendación técnica que será clave en la decisión final.
El caso ha generado un intenso debate sobre la legitimidad del asilo político frente a los procesos judiciales en curso, y plantea un desafío diplomático y constitucional para el Estado peruano.
