El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través del Dictamen N.º D000201-2026-OECE-SDPC, dispuso la nulidad de la Licitación Pública N.º 8-2025-COMITE-MDM-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Marcona, valorizada en S/ 100 millones, tras detectar graves irregularidades en la conformación del comité de selección y en la conducción del proceso.
El documento, emitido el 16 de marzo de 2026, señala que se incluyó a un locador sin facultades legales como miembro del comité, además de la participación de funcionarios que carecían de competencia para dirigir el procedimiento.
Estas acciones constituyen vicios de nulidad que vulneran la Ley de Contrataciones del Estado y comprometen la transparencia de la gestión municipal.
Plazos y obligaciones
El OECE ordenó a la Municipalidad de Marcona:
- Anular de inmediato el proceso de selección.
- Informar en un plazo de 10 días hábiles los nombres de los responsables de las irregularidades.
- Remitir el reporte a la Dirección de Supervisión del OECE para la evaluación de sanciones.
Consecuencias
La decisión implica la paralización de una obra de gran envergadura para el distrito, generando incertidumbre en la población que esperaba mejoras en seguridad ciudadana.
Asimismo, abre la posibilidad de que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público intervengan para determinar responsabilidades administrativas y penales.
- Ciudadanía: Se prevé malestar por el retraso en proyectos de seguridad y exigencias de sanción a los responsables.
- Gestión municipal: El alcalde Joel Rosales Pacheco queda bajo cuestionamiento por permitir irregularidades en un proceso millonario.
- Empresas participantes: Podrían iniciar acciones legales por perjuicios económicos derivados de la nulidad.
Este caso refleja la fragilidad institucional en los procesos de contratación pública y la necesidad de reforzar mecanismos de control. La nulidad de una obra de S/ 100 millones no solo afecta el desarrollo local, sino que también expone la falta de transparencia en la administración municipal.
El seguimiento de las sanciones y la convocatoria de un nuevo proceso transparente serán claves para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.
