En una entrevista radial, el mandatario acusó a la empresa de comprar oro de procedencia ilegal a extorsionadores y otros en la zona de Pataz.
La compañía minera Poderosa S.A. ha remitido una carta al presidente de la república José María Balcázar a efectos de que se rectifique de sus declaraciones a una radio emisora local en las que, sin presentar prueba alguna, la acusa de haber adquirido oro ilegal en la zona de Pataz.
En una entrevista concedida a radio Exitosa, el mandatario declaró: “(…) se ha convertido la minería ilegal por encima del narcotráfico y es una lucha que estamos dando con una suerte de modelo en Pataz, en cuya virtud el Ejército y la Policía han tomado parte en ese control.
Imagine usted hasta una minería que es formal, según se dice, como la Poderosa, compra el oro de los extorsionadores y de la gente que ilegalmente obtiene el oro en esa zona”
Debido a estas afirmaciones, el gerente general de Poderosa, Russell Santillana, ha enviado una carta al jefe de Estado. «(…) Apelando a la alta magistratura que ejerce, le exigimos que, a la brevedad y a través de un medio equivalente, se rectifique de las afirmaciones citadas y ofrezca las satisfacciones que correspondan», reza la misiva.
En ella, la compañía minera expresa su extrañeza por las afirmaciones de Balcázar «sobre todo por su condición de abogado y de exmagistrado del Poder Judicial».
«Usted ha imputado a mi representada la comisión de un delito sin ningún sustento, que además es imposible que lo tenga porque se trata de hechos falsos, toda vez que todo el mineral aurífero que extrae, procesa y comercializa Compañía Minera Poderosa es de fuente propia.
La Compañía realiza su actividad minera, metalúrgica y de comercialización del oro en sus unidades de producción y plantas propias y amparados legalmente en las concesiones de las que es titular, y en la normativa regulatoria exigida por el Estado. Compañía Minera Poderosa no compra oro a ningún tercero», precisa.
Recuerda, en ese contexto, que «la difusión de hechos falsos lesiona el derecho al honor que, como usted bien conoce, cuenta con protección constitucional, civil y penal en nuestro ordenamiento jurídico, que además dota a las personas afectadas de una serie de acciones legales que estamos evaluando ejercer».
La empresa considera, en tal sentido, que la conducta del presidente resulta «especialmente grave teniendo en cuenta el alto cargo que ocupa en el Estado», por lo que más bien debería actuar «con prudencia y apego a la ley».
«Sus declaraciones pueden desencadenar serias afectaciones reputacionales a mi representada de las cuales será el único responsable.
En tal sentido, apelando a la alta magistratura que ejerce, le exigimos que, a la brevedad y a través de un medio equivalente, se rectifique de las afirmaciones citadas y ofrezca las satisfacciones que correspondan», concluye.
