El miércoles 25 de marzo de 2026, el candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue brutalmente asesinado en el distrito limeño de Chorrillos.
Según los primeros reportes, el ataque se produjo tras un evento político, cuando fue interceptado y agredido con ladrillos por desconocidos.
El hecho ha generado conmoción nacional, pues se trata de un crimen contra un postulante en plena campaña electoral.
El líder de la agrupación, Álvaro Paz De la Barra, confirmó la noticia en una entrevista televisiva, señalando que Infante había sido perseguido y amenazado durante semanas.
A pesar de ello, nunca se presentó una denuncia formal ante la Policía, lo que abre un debate sobre la seguridad de los candidatos y la confianza en las instituciones.
Álvaro Paz De la Barra declaró que Infante había recibido amenazas de muerte y extorsiones, pero que no confiaban en la Policía para protegerlo.
El exalcalde también denunció irregularidades en la atención médica: Infante habría sido llevado a una posta de salud, donde no fue recibido, y posteriormente trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde sufrió un paro cardiaco.
Estas declaraciones apuntan a una posible negligencia en el sistema de salud y a la falta de garantías de seguridad para los candidatos.
El asesinato configura un homicidio calificado (Código Penal, Art. 108), dado que se cometió con alevosía y extrema violencia.
La Fiscalía deberá investigar tanto a los autores materiales como a los posibles instigadores, considerando las amenazas previas.
La negativa de atención médica podría derivar en una investigación administrativa y penal por omisión de auxilio (Art. 126 del Código Penal).
La falta de denuncia previa expone la vulnerabilidad de los candidatos y la desconfianza ciudadana hacia la Policía Nacional.
El crimen golpea directamente la campaña de Fe en el Perú, generando un clima de inseguridad y temor.
Podría influir en el debate nacional sobre la violencia política y la necesidad de reforzar la protección de candidatos en procesos electorales.
La población de Chorrillos y diversos sectores políticos han expresado indignación y exigida justicia inmediata.
Organizaciones civiles y de derechos humanos han pedido que se garantice la seguridad de todos los postulantes, para evitar que la violencia condicione el proceso democrático.
En redes sociales, el caso ha generado un fuerte debate sobre la corrupción, la inseguridad y la precariedad del sistema de salud.
El asesinato de Gilbert Infante no solo es un crimen atroz contra una persona, sino también un ataque directo contra la democracia peruana.
La combinación de amenazas previas, falta de denuncia, negligencia médica y violencia extrema revela un entramado de inseguridad y desconfianza institucional que debe ser abordado con urgencia.
Este caso marcará un antes y un después en la campaña electoral, obligando a las autoridades a garantizar protección efectiva para los candidatos y transparencia en la investigación.
