El primer ministro Luis Galarreta anunció en el Pleno del Congreso una medida para descongestionar los penales del país: trasladar a internos sentenciados por delitos menores, incluidos aquellos condenados por alimentos, hacia nuevos espacios de reclusión.
Mientras se concretan las obras de nuevos centros penitenciarios, Galarreta planteó que estos reclusos sean ubicados en cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas, mediante convenios y coordinaciones con el sector Defensa.
Según explicó, la iniciativa busca reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar la autoridad del Estado dentro de las cárceles.
El premier también adelantó la instalación de arcos detectores de seguridad en los establecimientos penitenciarios para evitar el ingreso de objetos prohibidos, aunque no precisó cómo se financiarán estas herramientas.
Asimismo, solicitó la participación excepcional de las FF.AA. en labores de seguridad externa y apoyo operativo, aclarando que no reemplazarán a la Policía Nacional ni al INPE.
La propuesta generó debate entre especialistas. El exviceministro del Interior Ricardo Valdés consideró que se requiere una reforma penitenciaria integral y que los sentenciados por alimentos deberían trabajar para sustentar a sus familias, en lugar de permanecer recluidos.
Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza señaló que adecuar cuarteles podría tardar hasta dos años y que los militares no están facultados para custodiar penales. En tanto, Carlos Basombrío cuestionó la “mirada fantasiosa” del Gobierno sobre la disponibilidad de efectivos militares para estas tareas.
La iniciativa de Galarreta abre un nuevo frente de discusión sobre la crisis penitenciaria en el Perú, marcada por el hacinamiento y el control de mafias dentro de los penales, pero también por la necesidad de garantizar los derechos de los internos de baja peligrosidad.
