En los últimos meses, diversos analistas económicos y organismos internacionales han advertido que la economía del Perú está mostrando signos de “centroamericanización”, un fenómeno caracterizado por el debilitamiento institucional, el aumento de la informalidad laboral, la precarización del empleo y el crecimiento de la delincuencia como factor estructural que afecta el desarrollo económico.
Según el informe presentado por la OCDE el 11 de noviembre de 2025, Perú lidera la región en percepción de inseguridad, superando incluso a países históricamente golpeados por el crimen organizado.
El estudio revela que el temor al delito se ha convertido en el principal factor de desconfianza institucional, afectando la inversión privada, la movilidad laboral y la calidad de vida de los ciudadanos.
En paralelo, el CADE 2025 encuentro empresarial que reúne a líderes del sector privado confirmó que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado encabezan la lista de preocupaciones entre los ejecutivos peruanos.
La encuesta de Ipsos presentada en el evento señala que más del 70% de los empresarios considera que la delincuencia es el principal obstáculo para la reactivación económica y la atracción de capitales.
El economista Santiago Dávila, en entrevista con Revista Economía, explicó que el país enfrenta una combinación de factores que limitan su crecimiento: crisis política, informalidad laboral, bajo empleo de calidad y expansión de redes criminales.
“La economía peruana está creciendo, pero lo hace sobre una base frágil.
La informalidad supera el 70%, y el empleo formal no absorbe la demanda laboral.
Esto genera un caldo de cultivo para el crimen, que se convierte en alternativa económica para sectores vulnerables”, señaló.
Además, el Decreto de Urgencia de austeridad emitido por el Ejecutivo para cuadrar las cuentas fiscales ha sido calificado por expertos como un “parche” que no resuelve los problemas estructurales.
Si bien se busca contener el déficit, se advierte que podría afectar programas sociales y de seguridad, debilitando aún más la respuesta estatal frente a la criminalidad.
En este contexto, el concepto de “centroamericanización” no solo alude a indicadores económicos, sino también a la pérdida de control territorial por parte del Estado, el debilitamiento de la justicia y el crecimiento de economías ilegales.
El Perú, según especialistas, debe tomar medidas urgentes para evitar que esta tendencia se consolide.
Entre las recomendaciones planteadas por los expertos figuran:
- Reforma profunda del sistema de seguridad ciudadana, con énfasis en inteligencia policial y control territorial.
- Formalización laboral, mediante incentivos tributarios y simplificación administrativa para pequeñas empresas.
- Fortalecimiento institucional, especialmente en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
- Política fiscal responsable, que combine austeridad con inversión estratégica en salud, educación y seguridad.
La situación actual exige una respuesta multisectorial y sostenida.
De lo contrario, el país corre el riesgo de consolidar un modelo económico y social marcado por la precariedad, la violencia y la desconfianza.
