El magistrado del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, emitió una resolución en la que advierte que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían incurrido en el incumplimiento de una medida cautelar judicial, al interpretar y restringir sus efectos en el proceso disciplinario seguido contra la fiscal suprema Delia Espinoza.
La medida cautelar, otorgada en octubre de 2025, ordenaba la suspensión del procedimiento disciplinario iniciado contra Espinoza y disponía su reposición en el cargo de fiscal de la Nación.
Esta decisión judicial respondía a la denuncia de que Espinoza fue apartada por no ceder el cargo a la exfiscal Patricia Benavides.
Sin embargo, la JNJ sostuvo que dicha medida solo afectaba dos de los cuatro cargos imputados, por lo que decidió mantener la suspensión preventiva de la magistrada con base en las otras dos acusaciones.
En su reciente pronunciamiento, el juez Torres Tasso precisó que la medida cautelar debía cumplirse “en sus propios términos”, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta norma prohíbe a las autoridades interpretar, restringir o calificar el contenido de las resoluciones judiciales, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa.
Según el juez, la resolución de la JNJ contiene una argumentación que califica e interpreta los fundamentos y alcances de la medida cautelar, lo cual constituye una conducta de incumplimiento.
El magistrado también señaló que los cuatro cargos atribuidos a Espinoza tienen un origen común: el presunto desacato a la orden de transferencia del cargo a Benavides.
Por tanto, no corresponde tratarlos como hechos independientes para justificar la continuidad de la suspensión.
En ese contexto, el juez Torres Tasso consideró pertinente poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación los hechos advertidos, a fin de que se evalúe la posible responsabilidad de los consejeros de la JNJ.
Cabe señalar que el actual presidente de dicho organismo, Gino Ríos Patio, registra una sentencia por violencia familiar, lo que ha generado cuestionamientos adicionales sobre su idoneidad.
Por su parte, la fiscal Delia Espinoza, a través de su abogado Luciano López, solicitó al Poder Judicial que ordene su restitución inmediata en el cargo, sin necesidad de una nueva resolución de la JNJ.
En su escrito, la defensa argumenta que la suspensión de los efectos de la Resolución 143-2025-PLENO-JNJ implica automáticamente su reincorporación como fiscal suprema y, por extensión, como fiscal de la Nación.
Asimismo, se pidió que se declare expresamente la suspensión del proceso disciplinario hasta que se emita sentencia definitiva.
La defensa sostiene que, si bien el juez reconoció en los fundamentos que la medida cautelar abarcaba tanto el procedimiento como la medida derivada, este alcance no fue consignado en la parte resolutiva del fallo, lo que genera una omisión que debe ser subsanada.
El caso continúa en evaluación judicial, mientras se mantiene la expectativa sobre la eventual restitución de Espinoza y las consecuencias legales que podrían derivarse del presunto desacato por parte de los consejeros de la JNJ.
