El presidente José Jerí ha manifestado su rechazo al dictamen del Congreso que propone extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027, advirtiendo que dicha prórroga podría agravar los impactos ambientales y sociales que ya enfrenta el sector minero informal.
Durante declaraciones públicas, Jerí fue enfático: “No puede hablarse de ampliar dos años. Eso está descartado.
Menos de dos años va a ser, de todas maneras”. Esta postura marca una diferencia con el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, que busca una extensión más amplia del proceso de formalización.
Además, el mandatario rechazó la reincorporación de más de 50 mil mineros que fueron excluidos del registro por incumplimientos previos, señalando que solo se evaluarán casos excepcionales de retorno, siempre que exista voluntad real de formalización.
¿Qué está en riesgo?
Expertos y gremios han advertido que una prórroga extensa del Reinfo podría:
- Facilitar el retorno de actividades ilegales, bajo el amparo de un proceso de formalización sin fiscalización efectiva.
- Debilitar los controles ambientales, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad ecológica.
- Generar conflictos sociales, al permitir que actores excluidos vuelvan a operar sin garantías de cumplimiento legal.
El Ejecutivo ha anunciado que presentará una propuesta alternativa, con un plazo más corto y criterios más estrictos para la permanencia en el registro. Esta medida busca equilibrar la necesidad de formalización con el control de la minería ilegal.
Contexto legislativo
El Reinfo fue creado como un mecanismo transitorio para permitir la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala.
Sin embargo, su uso prolongado ha sido cuestionado por permitir que miles de operadores informales continúen extrayendo recursos sin cumplir estándares técnicos, ambientales ni tributarios.
La discusión en el Congreso se mantiene activa, y se espera que el Pleno debata el dictamen en los próximos días.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que cualquier ampliación debe ser limitada, técnica y fiscalizable, para evitar que el Reinfo se convierta en una vía de legalización de prácticas ilegales.
