Inicio de la investigación
La Fiscalía de la Nación ha formalizado la investigación preparatoria contra el exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, por el presunto delito de Organización Criminal, según la Disposición N° 85, emitida el 12 de agosto de 2025.
Esta acción judicial marca el fin de su aparente estabilidad política y frustra sus aspiraciones de postular nuevamente al Gobierno Regional en las elecciones de 2026.
La acusación se sustenta en un expediente de casi mil páginas, y que revelaría un esquema de corrupción de gran escala denominado “Los Acelerados del Sur”, con epicentro en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC).
Desfalco millonario
La Fiscalía estima un perjuicio económico de S/ 48,726,200.00, con una ganancia ilícita mensual promedio de S/ 2,459,000.00. La red operaba de forma sistemática, consolidando ingresos ilegales mediante la emisión fraudulenta de licencias de conducir, manipulación de trámites y cobros por favores administrativos.
Una prueba clave fue la incautación de S/ 643,000.00 en efectivo en la vivienda del exdirector regional de transporte Edward Alberto Amoroto Ramos, actual alcalde de Los Aquijes, quien no ha podido justificar la procedencia del dinero.
Estructura criminal y rol de Gallegos
La Fiscalía ubica a Gallegos como el líder de la organización, bajo el alias “El Uno”, encargado de brindar “blindaje político” y garantizar la continuidad del esquema delictivo.
Su función consistía en colocar funcionarios leales en cargos estratégicos, asegurando impunidad y flujo constante de dinero.
La red involucra a 53 personas formalmente investigadas, entre ellas:
- Edward Amoroto Ramos (“El Tío”): operador financiero principal, con ganancias ilícitas de S/ 26,876,200.00.
- Kenniha Minerva Dongo Galindo (“La Dra.”): sucesora en la DRTC, con ingresos ilegales de S/ 21,850,000.00.
- Mario Carlos Uribe Flores (“Dr. Uribe”), Rosa Magalli Guzmán Segura y Marilyn Solanyela Ramos Angulo: responsables de manipular trámites y acelerar procesos.
Modus Operandi, Colaboración Eficaz y Vínculos Políticos
Modus operandi
El esquema iniciaba con tramitadores externos que captaban postulantes desde negocios fachada.
Se ofrecían licencias en todas las categorías (A-I, A-II, A-III B, etc.) sin cumplir requisitos legales, incluyendo:
- Cambios de domicilio fraudulentos al distrito de Los Aquijes, convertido en “hub” operativo.
- Certificados médicos gestionados en centros aliados.
- Eliminación de exámenes de manejo, evidenciada por la anotación “NO OBRA EXAMEN DE MANEJO” en los expedientes.
- Suplantación biométrica mediante el desgaste de huellas dactilares con lija.
El dinero circulaba por una cadena que incluía a “La Gata”, “El Parce”, “Barón”, y finalmente llegaba a Gallegos como retribución por haber colocado a los operadores en puestos clave.
Colaboración eficaz y delaciones internas
La investigación se fortaleció con la presunta colaboración eficaz de Carlos Martínez Hernández (“Chino Martínez”), exdirector regional de transporte. Su testimonio habría revelado detalles del esquema, aunque su gestión no ha sido formalmente investigada.
Las escuchas telefónicas revelan tensiones internas: José Franco, co-imputado, amenazó con ampliar la delación, mencionando negocios paralelos como “La Estación”, “la chancadora” y “el petróleo”, lo que sugiere que la red criminal tenía múltiples fuentes de ingresos ilícitos.
Los precios por los servicios ilegales eran elevados: desde S/ 1,500 por una licencia A-I hasta S/ 40,000 por limpieza de antecedentes o trámites complejos.
Riesgo de fuga y vínculos políticos
El expediente también expone los vínculos políticos de Gallegos.
Se le relaciona con la abogada Norka Monzón Cárdenas, quien habría gestionado “logística” para campañas y recibido un “donativo” para influir en el juez Díaz Chirinos, presuntamente por ser cuñada del Presidente de la Corte.
Además, Gallegos mantiene control sobre el partido Progresemos (“El partido del perro”), desde donde impulsa la candidatura de su esposa Mónica Guillén al Senado o la vicepresidencia en 2026.
La Fiscalía considera que la libertad de Gallegos representa un peligro de fuga y obstrucción a la justicia, por lo que ha solicitado su retorno a prisión preventiva, respaldada por la magnitud del desfalco y la estructura criminal revelada.
