Ejecutivo solicita facultades legislativas en 22 materias y propone delito por difusión de información reservada
El Gobierno de José Jerí presentó al Congreso de la República un ambicioso proyecto de ley que solicita facultades legislativas para emitir decretos en 22 materias vinculadas a seguridad, justicia, economía y administración pública.
Entre los puntos más polémicos figura la creación de un nuevo delito por la difusión de información reservada en investigaciones fiscales y policiales, iniciativa que ha despertado preocupación en el gremio periodístico y en especialistas del derecho penal por su potencial impacto en la libertad de prensa y el acceso ciudadano a información de interés público.
La propuesta del Ejecutivo busca modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y diversas normativas relacionadas con la seguridad y la administración estatal.
El documento plantea sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, sin precisar con claridad qué tipo de información quedaría bajo esta categoría ni cómo se determinaría la reserva.
Esta ambigüedad, advierten críticos, abre la puerta a interpretaciones que podrían criminalizar la labor periodística.
Un proyecto con amplio alcance y antecedentes en gobiernos anteriores
El pedido de facultades legislativas incluye reformas penales, administrativas y económicas. Entre ellas se encuentran:
- Aumento de sanciones y creación de nuevos delitos.
- Reorganización de funciones estatales en materia de justicia y seguridad.
- Modificaciones en procesos de inversión pública, contrataciones y evaluación ambiental.
- Medidas en el ámbito tributario y migratorio.
Sin embargo, varias de estas propuestas ya fueron impulsadas por gobiernos anteriores como los de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte sin resultados sostenibles.
La reiteración de estas políticas evidencia, según analistas, un patrón de reformas de corto alcance que no han logrado resolver los problemas estructurales del país.
En materia de transporte, por ejemplo, el Ejecutivo retoma la idea de declarar en emergencia el sistema público, iniciativa que ya había sido planteada en gestiones previas sin llegar a implementarse plenamente.
Lo mismo ocurre con el fortalecimiento de regímenes penitenciarios y la limitación de beneficios carcelarios, medidas que han sido aplicadas en distintos periodos sin mejoras significativas en la lucha contra el crimen organizado.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la facultad para crear un delito vinculado a la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales.
La propuesta establece sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, lo que podría involucrar directamente a periodistas y medios de comunicación que acceden a documentación que revela abusos de poder, corrupción o irregularidades dentro del Estado.
El texto no delimita con precisión qué información quedaría bajo protección ni cómo se determinaría la reserva.
En la práctica, cualquier difusión relacionada con procesos en curso podría interpretarse como una infracción, incluso si se trata de información de evidente interés público.
Esto configura un riesgo para el ejercicio periodístico y para el control ciudadano sobre la gestión estatal.
La iniciativa se suma a un contexto político en el que ya se han promovido proyectos para restringir la circulación de información sobre investigaciones.
En septiembre, la Comisión de Justicia debatió una propuesta que buscaba ampliar el delito de “publicación indebida de correspondencia” para sancionar a periodistas que difundan chats, correos o mensajes digitales, incluso cuando estos tuvieran interés público.
Aunque dicho proyecto no prosperó, la coincidencia refuerza la percepción de que existe un interés creciente en limitar la exposición de casos que involucran a autoridades.
La presidenta de la filial Lima de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Jeanette Pérez Osorio, expresó su profunda preocupación por la propuesta del Ejecutivo.
Señaló que, aunque el Estado debe resguardar información reservada cuando corresponde, una redacción abierta y ambigua puede convertirse en un mecanismo que restrinja el trabajo de la prensa y limite el derecho ciudadano a estar informado.
“Las filtraciones han permitido revelar casos de corrupción, abuso de poder e irregularidades que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
No se puede perseguir al mensajero”, afirmó Pérez Osorio, subrayando que el periodismo cumple un rol democrático esencial al fiscalizar al poder y proteger el interés público.
La representante de la ANP advirtió que la propuesta constituye una alerta para el sector y expresó su expectativa de que este intento no avance.
“Cualquier norma que afecte la labor informativa afecta también el control ciudadano y el equilibrio democrático”, añadió, insistiendo en la necesidad de mantener vigilancia frente a iniciativas que puedan limitar la libertad de prensa.
El abogado penalista Andy Carrión también cuestionó la iniciativa.
Explicó que las investigaciones penales son, por naturaleza, reservadas, y que hasta ahora solo los funcionarios podían recibir sanciones cuando ocurrían filtraciones. Sin embargo, la prensa ha cumplido un rol clave al revelar actos de corrupción accediendo a documentos a los que no tendría acceso formal.
Carrión advirtió que incluir el término “difusión” en un marco sancionador resulta peligroso, porque está directamente asociado al trabajo periodístico.
Según su interpretación, la propuesta no especifica a quién sancionaría y, en los hechos, podría dirigirse más a quienes publican como los medios que a quienes filtran la información.
Esto permitiría denunciar no solo a periodistas, sino incluso a ciudadanos que compartan contenido en plataformas digitales.
“El proyecto abre la puerta a una ley mordaza encubierta, al exponer a cualquier persona a denuncias por divulgar información que, aunque reservada, puede tener relevancia pública”, sostuvo. Agregó que, si la intención fuera proteger investigaciones, el Gobierno podría haber delimitado la sanción únicamente para quienes filtran datos desde dentro del proceso, pero el texto actual mantiene un enfoque ambiguo que apunta principalmente a la prensa.
El proyecto de José Jerí no solo plantea medidas polémicas en materia de libertad de prensa, sino que también recicla propuestas ya aplicadas por gobiernos anteriores.
Entre ellas figuran:
- Ajustes al Código Penal y Procesal Penal.
- Aumento de penas y creación de nuevos delitos.
- Ampliación de los supuestos de flagrancia.
- Fortalecimiento de regímenes penitenciarios y limitación de beneficios.
- Reorganización del sistema de ejecución penal.
Estas reformas han sido introducidas en distintos paquetes de delegación legislativa durante más de una década, sin cambios significativos en la reducción de la criminalidad ni mejoras sostenibles en la capacidad del sistema para controlar organizaciones delictivas.
En el ámbito administrativo, el proyecto recupera esquemas usados por gestiones previas para modificar procesos de inversión, contrataciones públicas y evaluación ambiental.
Pese a las reiteradas intervenciones mediante decretos legislativos, persisten problemas de articulación y ejecución que no se han resuelto con reformas parciales.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno de José Jerí al Congreso abre un debate crucial sobre el equilibrio entre la reserva de las investigaciones y el derecho ciudadano a estar informado. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de proteger procesos fiscales y policiales, periodistas y especialistas advierten que la iniciativa puede convertirse en una herramienta de presión contra la prensa y en un obstáculo para la transparencia.
La reiteración de medidas ya aplicadas en gobiernos anteriores sin resultados sostenibles plantea además dudas sobre la eficacia de las reformas propuestas.
En este contexto, el Congreso deberá evaluar no solo la pertinencia de otorgar facultades legislativas tan amplias, sino también el impacto que estas decisiones pueden tener en la democracia, la libertad de expresión y el control ciudadano sobre la gestión estatal.
