La fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, ha preparado una acusación formal contra Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y aspirante presidencial.
La investigación sostiene que Renovación Popular, como sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, habría canalizado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014.
Modus operandi según los testimonios
• Recepción de dinero: Martín Bustamante, operador de confianza de Luis Castañeda Lossio, recibió sobres con dinero en efectivo en su departamento de Miraflores. El dinero era entregado por representantes de Odebrecht y OAS.
• Transporte y almacenamiento: Los sobres eran llevados en mochilas de laptop a la sede de Telefónica en la Av. Arequipa, donde José Luna Gálvez contaba y almacenaba los billetes.
• Blanqueo de fondos: Se registraban como aportes de campaña a nombre de terceros, se pagaban honorarios a Castañeda mediante cheques, y se adquirían bienes como vehículos a nombre de colaboradores.
• Distribución:
• USD 100,000 para José Luna.
• USD 70,000 para José Quispe Lévano (jefe de prensa).
• USD 30,000 para Jorge Zegarra Lévano (asesor).
• Gastos en medios: Se depositaron 300,000 soles en un banco de Jesús María para pagar paquetes televisivos. Los contratos eran ajustados a los montos reales y enviados a los principales canales.
Argumento legal
La Fiscalía sostiene que Renovación Popular es responsable como sucesora jurídica de Solidaridad Nacional.
Aunque el partido cambió de nombre en 2020 y actualizó su RUC en 2021, se mantiene la continuidad legal.
Se invoca el artículo 1981 del Código Civil para responsabilizar a la organización por los actos de sus dirigentes.
