El proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026 ha entrado en una fase de tensión.
El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, presentó una tacha contra la lista de candidatos al Senado de Fuerza Popular, alegando que la agrupación fujimorista incurrió en vicios de democracia interna y designaciones irregulares en la conformación de su nómina.
La Denuncia
El recurso fue ingresado ante el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 (JEE Lima Oeste 3) y solicita la nulidad total de la lista senatorial de Fuerza Popular.
Jaico sostiene que el partido liderado por Keiko Fujimori vulneró su propio estatuto al asignar números de ubicación a los candidatos invitados, una facultad que no le corresponde a la dirigencia.
El caso más citado es el del general en retiro César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien fue colocado en el puesto número 5 de la lista.
Según Jaico, esta designación fue realizada directamente por Fujimori, pese a que el estatuto solo le permite invitar a postulantes, mas no decidir su orden en la nómina.
“Se realizó de manera incorrecta y únicamente con la finalidad de completar la lista”, acusa Jaico, quien advierte que otros invitados también habrían sido ubicados de manera irregular.
“Por ende, la lista de Fuerza Popular es incompleta y ha incumplido con una adecuada participación en las elecciones primarias”, añade en su escrito.
Implicancias legales y políticas
La tacha presentada abre un escenario complejo para Fuerza Popular.
De ser aceptada, el partido quedaría fuera de competencia en la elección senatorial, lo que representaría un duro golpe para una agrupación que ha tenido presencia dominante en el Congreso en los últimos años.
La lista cuestionada incluye a figuras de peso político como Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Tubino, entre otros. Todos ellos podrían quedar fuera de carrera si el JEE declara fundada la tacha.
Especialistas en derecho electoral señalan que el caso podría convertirse en un precedente sobre los límites de las atribuciones partidarias en la conformación de listas.
La Ley de Organizaciones Políticas exige que los partidos cumplan con procesos democráticos internos y que los invitados sean incorporados respetando los procedimientos estatutarios.
Hasta el cierre de esta edición, Fuerza Popular no ha emitido un pronunciamiento oficial.
Sin embargo, fuentes cercanas al partido adelantaron que se prepara una defensa legal para sostener la validez de su lista.
En redes sociales, la noticia generó un intenso debate.
Simpatizantes de Fuerza Popular calificaron la tacha como un intento de “silenciar a la oposición”, mientras críticos celebraron lo que consideran un acto de justicia electoral.
Carlos Jaico, por su parte, declaró que su acción busca “defender la legalidad y la transparencia” y que no se trata de un ataque político, sino de una exigencia de respeto a las normas.
El Senado regresa en las elecciones de 2026 tras la reforma constitucional que restableció la bicameralidad.
La elección se realizará por distrito único nacional, lo que convierte la ubicación numérica en la lista en un factor clave para la visibilidad y representación de los candidatos.
En este contexto, la denuncia de Jaico cobra mayor relevancia, pues cuestiona directamente la manera en que Fuerza Popular organizó su nómina.
La resolución del JEE será determinante para definir si el partido podrá competir en igualdad de condiciones o si quedará fuera de la contienda senatorial.
La tacha contra Fuerza Popular marca un nuevo capítulo en la disputa electoral de cara a 2026.
Más allá del resultado que emita el JEE, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de democracia interna y garantizar la transparencia en la conformación de candidaturas.
En un escenario político polarizado, este tipo de acciones podrían redefinir el mapa electoral y la confianza ciudadana en las instituciones partidarias.
El desenlace será seguido con atención por analistas, medios y electores, conscientes de que la decisión podría alterar significativamente el rumbo de la campaña.
