El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el lunes 27 de octubre un operativo de decomiso en el pabellón 7 de máxima seguridad del penal de Cachiche, en Ica, donde se incautaron más de 300 metros de cableado eléctrico clandestino, socates, interruptores, extensiones y otros dispositivos instalados por los internos.
La intervención fue liderada por el director del penal, Nelson Espinoza Soriano, y se enmarca en la política institucional “Seguridad en Acción”, impulsada en el contexto del estado de emergencia en Lima y Callao.
Sin embargo, lo que el INPE presentó como un avance en materia de seguridad ha sido cuestionado por evidenciar una situación de permisividad prolongada.
Las conexiones eléctricas ilegales, muchas de ellas empotradas en paredes y techos, eran visibles desde hace meses y se extendían por celdas, pasillos y zonas comunes.
Según fuentes penitenciarias, estas instalaciones permitían a los internos cargar celulares, conectar electrodomésticos, instalar ventiladores y mantener iluminación propia ante las deficiencias del sistema eléctrico oficial.
El operativo incluyó revisiones personales a los internos y el desmantelamiento de las conexiones, que según los informes, representaban un riesgo constante de cortocircuitos e incendios.
A pesar de la magnitud del hallazgo, no se ha informado de sanciones administrativas o disciplinarias contra el personal penitenciario que permitió o ignoró la existencia de estas instalaciones.
La intervención ha sido interpretada por especialistas en seguridad penitenciaria como una medida reactiva más que preventiva.
La falta de control sostenido y la ausencia de fiscalización interna habrían permitido que los internos desarrollen una red eléctrica paralela con conocimiento del personal del penal.
Esta situación no es exclusiva de Cachiche, sino que refleja una problemática estructural en varios establecimientos penitenciarios del país, donde la precariedad de los servicios básicos y la corrupción interna facilitan la proliferación de prácticas irregulares.
El INPE ha señalado que continuará con operativos similares en otros penales del país como parte de su estrategia de control y prevención.
No obstante, organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia penal han advertido que estas acciones deben ir acompañadas de reformas estructurales, mejoras en la infraestructura carcelaria y mecanismos efectivos de supervisión del personal penitenciario.
