Contraloría solicita denunciar a exfuncionarios de Huanchaco por prescripción irregular de deudas tributarias.

El órgano de control detectó que exfuncionarios de la comuna huanchaquera permitieron la prescripción de deudas tributarias por más de S/ 749 mil, afectando la recaudación municipal. Entre los señalados figura la actual regidora de Trujillo, Eiby Guibert Chávez.

La Contraloría General de la República solicitó iniciar acciones legales contra varios exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, tras detectar presuntas irregularidades que habrían permitido la prescripción de deudas tributarias por un monto total de S/ 749 530, afectando directamente a las arcas municipales.

Según el Informe de Control Específico N° 023-2025-2-2048-SCE, entre los implicados figura Eiby Guibert Chávez, actual regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien se desempeñó entre octubre de 2015 y abril de 2016 como jefa de la Unidad de Orientación, Recaudación y Control Tributario de Huanchaco.

El documento detalla que durante dicho periodo no se realizaron las acciones de cobranza ordinaria correspondientes a impuestos prediales de los años 2011 al 2019, ni se ejecutaron los procedimientos coactivos de manera oportuna.

En un caso específico, se anuló un proceso coactivo del 2016 sin fundamentos válidos, lo que permitió la prescripción de deudas por más de S/ 43 mil correspondientes a cuatro contribuyentes.

“La falta de control y de acciones oportunas permitió que la deuda prescriba a los cuatro años y que la entidad deje de percibir los importes correspondientes”, señala el informe.

Ante estos hallazgos, la Contraloría solicitó a la Procuraduría Pública del propio órgano de control iniciar acciones civiles contra los exfuncionarios Estuardo Reátegui, Dante Galarreta, Richard Cerrutti, Ricardo Fernández, Freddy Castro, Eder Ortiz y la actual regidora Eiby Guibert Chávez.

Asimismo, recomendó denunciar penalmente a Javier Rosales por su presunta responsabilidad directa en los hechos.

La medida forma parte de los esfuerzos del ente fiscalizador por fortalecer la rendición de cuentas y evitar la impunidad en la gestión de los recursos públicos municipales.

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