La región Ica ha evidenciado una preocupante concentración de denuncias contra magistrados y auxiliares judiciales durante los años 2024 y 2025, reflejando una tendencia sostenida de cuestionamientos al desempeño funcional del sistema de justicia local.
Según estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, se han registrado un total de 4,531 denuncias por presuntas irregularidades, lo que posiciona a Ica como una de las jurisdicciones con mayor carga disciplinaria a nivel nacional.
Durante el año 2024, se documentaron 810 quejas, de las cuales 530 se concentraron en solo cinco juzgados.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria lideró con 122 denuncias, seguido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal (113) y los Juzgados Penales en general (108).
En cuanto a la distribución por cargos, se reportaron 1,581 denuncias contra magistrados y 1,325 contra auxiliares judiciales, siendo los principales motivos el retardo en la administración de justicia (1,108 casos) y la negligencia funcional (203 casos).
En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, se han registrado 601 nuevas quejas, manteniéndose el foco en los juzgados penales.
En este periodo, se contabilizaron 306 denuncias dirigidas a órganos jurisdiccionales específicos, destacando nuevamente el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria con 67 casos, seguido por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (48) y el Segundo Juzgado Penal Unipersonal (45).
En términos de cargos, se han presentado 856 denuncias contra magistrados y 764 contra auxiliares judiciales, con 724 casos por demora procesal y 39 por negligencia en el cumplimiento de funciones.
Adicionalmente, se han registrado 1,450 observaciones durante visitas judiciales, relacionadas con asistencia, puntualidad y permanencia en el cargo, lo que evidencia deficiencias persistentes en la gestión interna y el cumplimiento de deberes funcionales.
Las cifras expuestas por la Autoridad Nacional de Control no solo revelan un patrón crítico de denuncias, sino que subrayan la necesidad urgente de implementar medidas estructurales orientadas a la mejora del desempeño judicial. Entre las acciones recomendadas se incluyen:
• Revisión de la carga procesal y redistribución de casos
• Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control ético
• Implementación de indicadores de desempeño y alertas funcionales
• Capacitación continua en gestión judicial, transparencia y responsabilidad pública
Este panorama exige una respuesta articulada entre los órganos de control, las instancias jurisdiccionales y los actores institucionales, con el objetivo de garantizar una administración de justicia eficiente, confiable y centrada en los derechos del ciudadano.
