La empresa canadiense Brookfield Infrastructure Group anunció la disolución y liquidación de su subsidiaria Rutas de Lima, tras una serie de medidas que califica como arbitrarias y abusivas por parte de diversas entidades del Estado peruano. La decisión fue comunicada oficialmente el 1 de octubre de 2025, y representa un quiebre en la relación entre el concesionario y las autoridades locales.
Entre los principales motivos, Brookfield señala la suspensión de peajes en tres puntos clave: Chillón (por fallo del Tribunal Constitucional), Conchán (por decisión judicial) y el Túnel Ramo Rímac (por orden municipal), lo que eliminó el 100% de los ingresos operativos de la concesión.
Además, denuncia una campaña de hostigamiento contra sus trabajadores, el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Municipalidad de Lima, y la negativa sistemática a aprobar presupuestos, planes de mantenimiento, actualizaciones tarifarias y reportes técnicos.
La empresa sostiene que estas acciones han hecho inviable la continuidad del proyecto, pese a haber actuado en todo momento conforme a la legislación peruana. Como respuesta, Brookfield anunció que iniciará un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, invocando el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, por presuntas violaciones a los derechos de inversión.
La salida de Rutas de Lima genera incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura vial en la capital, especialmente en tramos clave como la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. También plantea un debate sobre la seguridad jurídica de las concesiones públicas y el impacto de decisiones políticas sobre contratos de largo plazo.
Este caso podría tener repercusiones económicas, diplomáticas y legales, y se convierte en un punto de inflexión para la gestión de proyectos de infraestructura en el país.
