El exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, se pronunció públicamente el pasado 20 de octubre, a través de sus redes sociales, respecto a la decisión judicial de acumular las investigaciones fiscales que lo vinculan a presuntos actos de corrupción relacionados con el tráfico irregular de licencias de conducir.
En su declaración, Gallegos sostuvo que “la justicia tarda, pero llega”, en referencia directa al caso denominado “Los Acelerados del Sur”, actualmente en manos del Ministerio Público como presunta organización criminal.
Gallegos enfrenta dos carpetas fiscales activas por hechos similares ocurridos durante su gestión (2019–2022).
El primer expediente, denominado “Tramitadores”, involucra a exdirectores de Transportes del Gobierno Regional de Ica, personal administrativo y gestores externos. El segundo, “Los Acelerados del Sur”, amplía el alcance de la investigación, incorporando nuevos implicados y evidencias que apuntan a una estructura criminal organizada para la emisión ilícita de brevetes.
La defensa legal de los investigados argumentó que ambos casos comparten hechos, actores y circunstancias, por lo que mantener procesos paralelos constituiría una vulneración al principio de non bis in idem.
Esta controversia fue abordada inicialmente en la audiencia del 16 de octubre, donde se presentó una tutela de derechos solicitando la acumulación de expedientes.
Finalmente, en la audiencia del 20 de octubre, el juez resolvió acumular ambas investigaciones, reconociendo la coincidencia sustancial entre los hechos denunciados.
El abogado Wilmer Pacheco, defensor de uno de los imputados, precisó que varios de sus patrocinados ya vienen siendo procesados en el primer expediente, lo que refuerza la necesidad de unificar criterios procesales.
Pese a esta acumulación, la investigación continúa activa.
El Ministerio Público mantiene su línea de indagación orientada a determinar el grado de responsabilidad de los exfuncionarios involucrados y esclarecer si, durante la gestión de Gallegos, se consolidó una red criminal al interior del Gobierno Regional de Ica dedicada al otorgamiento irregular de licencias de conducir.
Este caso representa un punto crítico en la lucha contra la corrupción institucional y plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de control, trazabilidad administrativa y transparencia en los procesos de emisión de documentos oficiales.
