Celebración empañada por presunta apropiación ilícita
La 58 Semana Turística de Pisco, celebrada los días 6 y 7 de septiembre de 2025, reunió a más de 25 mil asistentes en un evento que buscaba promover la identidad cultural, el turismo y la reactivación económica de la provincia.
Sin embargo, lo que debía ser una fiesta de integración y desarrollo ha quedado marcado por una grave denuncia: la presunta retención indebida de más de S/ 90,000 por parte del distribuidor de cerveza autorizado para operar dentro del recinto ferial.
Según información oficial de la Municipalidad Provincial de Pisco, el señor Antony Criales Villagaray, encargado de la distribución de productos de la empresa cervecera Backus durante el evento, habría entregado únicamente S/ 17,400 al cierre de la feria, pese a que las proyecciones de venta basadas en el aforo y el consumo promedio estimado indicaban ingresos superiores a los S/ 110,000.
Detalles del caso: cifras, responsabilidades y contradicciones
De acuerdo con los reportes de cierre de caja y los cálculos realizados por el equipo técnico municipal, el consumo promedio de cerveza en eventos masivos de esta naturaleza se sitúa en 2.5 unidades por persona.
Con una asistencia superior a las 25 mil personas, se estimaba una venta mínima de 62,500 unidades, lo que representa un movimiento económico significativo, considerando el precio promedio por unidad.
El señor Criales Villagaray, sin embargo, presentó una liquidación que contradice estas proyecciones.
En su informe, sostiene que solo se vendió el equivalente a S/ 17,400, sin presentar documentación detallada que respalde dicha cifra ni evidencia de devoluciones, mermas o pérdidas logísticas.
Esta diferencia de más de S/ 90,000 ha generado alarma entre las autoridades locales, quienes consideran que se trataría de un presunto caso de apropiación ilícita y estafa.
Acciones administrativas y legales ejecutadas• Evaluación de denuncia penal por los presuntos delitos de estafa (art. 196 del Código Penal) y apropiación ilícita (art. 190), los cuales podrían acarrear penas privativas de libertad de hasta ocho años, de comprobarse la responsabilidad penal.
