La justicia de EE. UU. rechaza pedido de López Aliaga: MML no podrá acceder a pruebas contra Rutas de Lima

En un nuevo revés judicial para la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, la Corte del Distrito Sur de Nueva York negó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el acceso a pruebas contra la empresa Brookfield, accionista de la concesionaria Rutas de Lima, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

📉 Rechazo al pedido de ‘discovery’
El juez Lewis J. Liman ratificó su negativa a la solicitud de ‘discovery’ presentada por la MML, desestimando también una reconsideración que incluía a la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato. Según el magistrado, la comuna limeña no tiene la calidad de “parte interesada” para exigir información en tribunales estadounidenses, incluso con el respaldo de la Procuraduría General del Estado (PGE).

⚖️ Argumentos desestimados por el tribunal
• La resolución de la PGE, que incorporaba a la Procuraduría Ad Hoc, fue considerada irrelevante por haber sido emitida después del fallo inicial y bajo presión mediática del alcalde.
• La MML alegó una inminente formalización de la investigación en Perú, pero el juez aclaró que la disposición fiscal solo extendía el plazo de indagación, sin constituir prueba contundente.
• Se calificó de “engañoso” el uso de una frase sobre “gran sospecha de blanqueo de capitales”, ya que provenía de la denuncia municipal y no de una conclusión fiscal.

🧩 Implicancias del fallo
Este fallo debilita la estrategia legal de la Municipalidad de Lima en su intento por obtener pruebas en el extranjero que respalden sus denuncias contra Rutas de Lima. También valida las advertencias previas de la exprocuradora Silvana Carrión, quien cuestionó la solidez jurídica del pedido de ‘discovery’.

La decisión judicial representa un golpe político y legal para López Aliaga, quien ha insistido en buscar justicia fuera del país ante lo que considera un sistema judicial peruano ineficaz. Sin embargo, el tribunal estadounidense ha reafirmado que los argumentos presentados por la comuna limeña carecen de fundamento legal suficiente.

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