Ica, marzo de 2026.
El congresista por Ica y candidato al Senado por Alianza Para el Progreso (APP), José Luis Elías Ávalos, se encuentra bajo cuestionamientos legales tras evidencias que lo vinculan con el uso de bienes de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) institución de la cual es fundador y accionista en actividades proselitistas.
Registros oficiales muestran que vehículos y logística institucional de la universidad han sido empleados en desplazamientos vinculados a su campaña.
Uno de los casos documentados ocurrió el 27 de febrero, cuando Elías abordó una camioneta Ford Expedition azul, placa CEG-655, registrada en Sunarp a nombre de la UPSJB, tras participar en un debate televisivo.
En las imágenes se le observa vistiendo indumentaria con su nombre y el cargo de “Senador”, en un contexto claramente electoral.
Posibles sanciones legales
• Ley de Organizaciones Políticas (Nº 28094, modificada por la Ley Nº 32058):
Prohíbe que personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas, incluso en especie. El uso de bienes universitarios podría ser considerado un aporte prohibido, sujeto a sanciones por parte de los organismos electorales, incluyendo multas y la eventual nulidad de aportes.
• Ley Universitaria (Nº 30220):
Establece que los activos universitarios deben destinarse exclusivamente a fines educativos. De confirmarse el desvío de recursos hacia actividades electorales, la UPSJB podría enfrentar sanciones administrativas por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que van desde multas hasta la suspensión de licencias.
• Responsabilidad personal del candidato:
El congresista Elías podría ser objeto de observaciones en el ámbito electoral e incluso de denuncias por uso indebido de patrimonio institucional, lo que abriría la puerta a investigaciones en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía de la Nación.
VIDEO: https://youtu.be/ksK2B_dT1m0
El caso genera preocupación en la región de Ica, pues se trataría de un conflicto entre intereses privados y fines públicos, afectando la transparencia del proceso electoral.
El hecho se configuraría una falta grave que podría comprometer tanto la imagen de la universidad como la candidatura del parlamentario.
