El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anuló las pruebas utilizadas contra la ex primera dama peruana Nadine Heredia en el marco del caso Odebrecht, al considerar que los datos extraídos de los sistemas informáticos de la constructora carecen de autenticidad y no cumplen con los estándares de cadena de custodia exigidos por la justicia brasileña.
La decisión fue adoptada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien además ordenó la prohibición expresa de utilizar dichas evidencias en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades peruanas.
La resolución judicial establece que los sistemas Drousys y My Web Day, empleados por Odebrecht para registrar pagos ilícitos, ya habían sido declarados inválidos en pronunciamientos anteriores del propio STF.
En consecuencia, los elementos derivados de dichos sistemas son considerados “imprestables” para procesos judiciales, al no garantizar la integridad ni la trazabilidad de la información contenida.
“La falta de garantías sobre la autenticidad de los datos hace que las pruebas sean improcedentes para cualquier proceso judicial.
No se podrá realizar ningún acto de cooperación internacional basado en estos elementos”, señala el fallo.
Beneficio judicial se extiende a Heredia tras asilo diplomático
Con esta decisión, Nadine Heredia recibe el mismo beneficio que anteriormente fue concedido por el juez Toffoli a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y a otros implicados en el caso Lava Jato.
Este caso involucró a altos funcionarios y empresarios de diversos países de América Latina, en una red de corrupción transnacional articulada por la constructora brasileña.
Heredia permanece en Brasil desde abril de este año, luego de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le otorgara asilo diplomático.
La ex primera dama fue condenada en Perú, junto con Humala, a 15 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos, al considerar que ambos habrían recibido aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
La anulación de las pruebas y la prohibición de cooperación judicial internacional podrían impedir una eventual extradición o detención de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño, consolidando su situación jurídica bajo la protección del asilo diplomático.
Implicancias para el proceso judicial en Perú
La decisión del STF representa un revés significativo para las investigaciones peruanas vinculadas al caso Odebrecht, especialmente en lo que respecta al uso de pruebas obtenidas mediante cooperación internacional.
La resolución ordena que el Ministerio de Justicia de Brasil sea notificado formalmente, a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición de compartir evidencias derivadas de los sistemas informáticos invalidados.
Este precedente judicial podría impactar otros procesos en curso que se sustentan en información extraída de los sistemas Drousys y My Web Day, afectando la validez de las acusaciones formuladas contra diversos exfuncionarios y empresarios peruanos.
Contexto regional y posición del STF
El Supremo Tribunal Federal ha venido revisando la legalidad de las pruebas obtenidas en el marco del caso Lava Jato, en función de los principios de debido proceso, legalidad y respeto a los derechos fundamentales. En ese contexto, el juez Toffoli ha sostenido que la cooperación internacional debe estar sujeta a estándares rigurosos de autenticidad documental, especialmente cuando se trata de procesos penales con implicancias transfronterizas.
La resolución refuerza la postura del STF en defensa de la soberanía judicial brasileña y del respeto a los derechos de los investigados, en un contexto donde las evidencias digitales y los sistemas informáticos requieren validación técnica y jurídica para ser admitidos como prueba.
