Gobierno Peruano Niega Salvoconducto A Betssy Chávez Y Propone Revisar Convención De Caracas

Lima, noviembre de 2025 — El Poder Ejecutivo decidió no otorgar el salvoconducto solicitado por el Gobierno de México para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada mexicana en Lima desde hace varios meses.

La medida fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, quien señaló que “el efecto práctico es que no puede viajar a México” y que la decisión se mantendrá “el tiempo que el Gobierno del Perú determine”.
La negativa del salvoconducto ha generado un nuevo capítulo en la tensión diplomática entre Perú y México, luego de que este último concediera asilo político a Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
En paralelo, la Cancillería peruana anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el objetivo es evitar el “uso indebido” del asilo en casos que involucren procesos judiciales por delitos comunes, como el que enfrenta la exjefa del gabinete ministerial.
Diversos especialistas en derecho internacional han advertido que el Perú está legalmente obligado a otorgar el salvoconducto, conforme a lo establecido en la Convención de Caracas, la cual estipula que el Estado receptor del asilo debe facilitar la salida del asilado.

Sin embargo, el Gobierno peruano sostiene que el caso de Chávez no se enmarca en una persecución política, sino en un proceso penal legítimo.
La propuesta de reforma de la Convención será presentada en la próxima reunión de cancilleres de la OEA, donde el Perú buscará respaldo regional para limitar el alcance del asilo diplomático en casos judiciales.

Mientras tanto, Betssy Chávez permanece en la sede diplomática mexicana, sin posibilidad de abandonar el país.
Este episodio reabre el debate sobre los límites del derecho de asilo y la necesidad de actualizar los instrumentos internacionales frente a nuevos escenarios políticos y judiciales en América Latina.

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